Violencia obstétrica: “entre la ley y los hechos”

Sabemos que las leyes son el resultado de relaciones de fuerza, de la acumulación de luchas en torno a un reclamo, de convertir necesidades en derechos como nos enseñó la fundadora de nuestro movimiento, Eva Perón.

La violencia obstétrica a las mujeres y a todas las personas gestantes (incluimos a las diversidades genéricas) consiste en toda práctica que durante el embarazo, trabajo de parto, parto y posparto no provea información sobre los procesos de intervención quirúrgica, que no garantice la privacidad de la mujer y/o persona gestante, y que niegue el debido acompañamiento, entre otras cuestiones. Todas estas situaciones, y otras, fueron objeto de regulación con la Ley 25.929 del año 2004. A partir de la sanción y reglamentación de esta ley, el “Parto Respetado”, debe garantizar todas las decisiones sobre cómo, con quien y en dónde parir, siempre a partir del acceso a información segura y fidedigna que deben brindar los sistemas públicos y privados que brinden salud.

Sin embargo, a 15 años de vigencia de esta ley por la que luchamos las mujeres y a la que adhirieron otros grupos sociales, los partos no suelen cumplir con los protocolos requeridos para que el embarazo, el trabajo de parto, el parto y es posparto sean un proceso acorde con los derechos y necesidades de quienes han decidido tener hijos/as. Lo que se agrava en marcos de retroceso de derechos, como ser el actual, cuando gobiernos como el nacional de Mauricio Macri y el provincial de María E. Vidal recortan personal, servicios e insumos. Proveer salud es una obligación del Estado Nacional y del Provincial. Pero, como en otros rubros, algunos municipios, con recursos claramente menores a los que cuenta el gobierno federal como el provincial, hemos decidido continuar con las políticas de inclusión con equidad. En este sentido, en nuestra ciudad, trabajamos con las mujeres destinatarias del Programa Municipal “De Avellaneda desde la panza” para brindar información acerca de la violencia obstétrica. El Programa Municipal tiene por objetivo principal sensibilizar y fortalecer a las personas gestantes sobre sus derechos a un parto respetado, la crianza respetuosa, los primeros cuidados de los/as recién nacidos/as a través de talleres prenatales, brindando un acompañamiento temprano, con el adecuado seguimiento del embarazo. Y al finalizar los talleres se entrega un kit con los elementos básicos para el cuidado del/la recién nacido/a, garantizando equidad de acceso a los recursos necesarios para un pleno desarrollo físico, social y emocional.

Es en este marco que decidimos hacer una encuesta de carácter indicial sobre el cumplimiento de la Ley 25.929, y sus resultados confirmaron nuestras sospechas:

1.- El 68% de las personas manifestó haber sufrido algún tipo de trato deshumanizado durante el parto. En su mayoría manifestaron que se les realizaron procedimientos médicos sin pedirles consentimiento o recibir información sobre los mismos, como al momento de realizar la cesárea (sin recibir información sobre el porqué de la realización de las misma), la administración de medicación para apurar el parto, la realización de episiotomías, tactos vaginales reiterados, entre otras prácticas. La Ley de parto respetado establece en su artículo 2 inciso a el derecho a ser informadas sobre las distintas intervenciones médicas que pudieren tener lugar durante esos procesos de manera que pueda optar libremente cuando existieren diferentes alternativas.

2.- Un 31% de las personas se les impidió estar acompañadas por alguien de su confianza. A un 37% no se les permitió el acompañamiento en el parto normal. La ley 25.929 establece en su artículo 2 inciso g el derecho a estar acompañada por una persona de su confianza y elección durante el trabajo de parto, parto y postparto.

3.- A un 33% se le impidió el contacto inmediato con su hija/o recién nacido/a antes de que se lo llevaran al neonatólogo para control.

4.- Del 68% que manifestó haber recibido trato deshumanizado en el momento del parto, solo un 6% se animó a denunciar los hechos de violencia obstétrica, un 64% realizó la denuncia en la Institución en la que fue asistida. De las que no realizaron denuncias un 60% refiere que no lo hizo por desconocimiento mientras que el 40% restante perciben que no sirve realizarla.

Los datos nos demuestran que a casi 15 años de la sanción de la Ley de parto respetado se continúan vulnerando los derechos de las personas gestantes en el momento del parto. Asimismo, desde el estado nacional y provincial se continúan cerrando programas, vaciando políticas públicas y dejando sin insumos a los hospitales públicos con los recortes presupuestarios.

Desde Avellaneda seguimos trabajando para que las personas gestantes reciban información sobre la temática, promoviendo una manera más digna de parir y garantizando los derechos durante el embarazo, el parto y el puerperio porque creemos que los derechos no son un gasto, sino una inversión necesaria para el desarrollo sano, digno y justo de toda la población, contribuyendo así a demostrar que hay otro camino para gobernar desde el mismo momento en que una persona decide dar a luz, asegurando así una vida digna para todos y todas.