Nueva fórmula de movilidad jubilatoria

Ayer en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación debatimos y aprobamos el proyecto de ley por el cual se establece un nuevo índice de movilidad jubilatoria, que garantiza la participación de lxs jubiladxs en el crecimiento económico del país de acuerdo con los principios de solidaridad y redistribución. La misma prevé la actualización de los haberes jubilatorios trimestralmente, con aumentos que se definan a través de una fórmula que combina los índices de evolución de los salarios (50 por ciento) y de la recaudación (50 por ciento).  De este modo se recupera lo mejor de la experiencia que funcionó entre 2009 y 2017, y que permitió aumentar los haberes de nuestrxs jubiladxs un casi 26% por arriba de la inflación.

Sin embargo, esta fórmula llegó a su final a fines de 2017 cuando se votó la movilidad jubilatoria macrista, que redujo en un casi un 20% sus haberes. Atravesamos cuatro años de un Gobierno que promovió en todas sus líneas la exclusión de lxs jubiladxs, no sólo reduciendo brutalmente sus salarios, sino retirándoles los medicamentos gratuitos, otorgando créditos del ANSES a tasas siderales, aplicando tarifazos en los servicios básicos, y dolarizando el precio de los alimentos con un aumento de la canasta básica del 216%. Todos indicadores que dan cuenta de una situación donde los más débiles tuvieron que pagar la fiesta macrista.

Hoy tenemos un gobierno peronista preocupado y ocupado por fortalecer la seguridad social de todas las argentinas y argentinos. En este sentido, es necesario destacar el compromiso asumido por nuestro presidente, Alberto Fernández, y nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, para incorporar la institucionalización de un mecanismo que garantice de forma permanente la incorporación y acceso efectivo de todxs lxs adultxs mayores a la protección social, con dignidad y justicia social.

En esta línea, durante el primer año de gobierno de Alberto Fernández se produjeron aumentos de las prestaciones previsionales, sumado a una serie de beneficios adicionales que mejoraron los ingresos y, consecuentemente, las condiciones de vida de lxs jubiladxs. Por ejemplo, se puso en marcha nuevamente el Plan de Medicamentos Gratis, garantizando así el acceso al derecho a la salud de las jubiladas y los jubilados. Con la implementación de esta política pública, PAMI ha realizado una inversión de $64.000 millones, beneficiando a 2.630.000 afiliadxs, lo que equivale un ahorro promedio del 20% del haber jubilatorio. Otra decisión clave fue la suspensión de las cuotas de los créditos ANSES, reduciendo la tasa del 72% al 39%. En el mismo sentido debe considerarse el hecho de que hace un año que no se incrementan las tarifas de los servicios públicos.

Sabemos que queda mucho por hacer para recuperar definitivamente el salario de lxs trabajadorxs y lxs jubiladxs, para ello se ha comenzado a desarmar un sistema ruinoso de políticas regresivas que fueron impuestas durante los últimos cuatro años. Con convicción y decisión política desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo se ha fijado una hoja de ruta que continúa promoviendo acciones con criterios de razonabilidad y justicia. El sistema de seguridad tiene su fundamento y su razón de ser en la interacción de un sistema integral de políticas económicas y sociales que contribuyan y promuevan medidas de protección hacia los sectores en situación de mayor vulnerabilidad en nuestra sociedad como lo son las jubiladas y los jubilados.

Mediante la sanción de esta ley estaremos empezando a recorrer la institucionalización y sostenibilidad de un sistema capaz de garantizar efectivamente la movilidad de las jubilaciones y pensiones al universo de beneficiarios.

Queremos un país que crezca económicamente y que los beneficios de ese crecimiento lleguen a lxs trabajadorxs y lxs jubiladxs. Siempre protegiendo los intereses económicos del pueblo y no los de lxs grandes empresarixs.